Durante muchos años, cuando hablábamos de regulación de las telecomunicaciones pensábamos casi automáticamente en redes, interconexión, numeración, espectro, acceso mayorista, portabilidad o competencia entre operadores. Ese sigue siendo el núcleo histórico del sector, pero basta con repasar la actividad desarrollada por la CNMC durante 2025 para comprobar hasta qué punto el perímetro regulatorio se ha ampliado. La propia Comisión lo resume en una publicación reciente con un título especialmente gráfico, “Telecos y audiovisual en 2025: de la telefonía a los influencers”, y creo que la elección no es casual: hoy el regulador puede estar resolviendo por la mañana un conflicto entre operadores por el acceso a una infraestructura física y, al mismo tiempo, supervisando si un creador de contenido identifica correctamente una comunicación comercial o adopta las medidas necesarias para proteger a los menores.
Ese cambio me parece especialmente significativo porque refleja algo que quienes trabajamos desde hace años alrededor del sector llevamos tiempo observando: telecomunicaciones, audiovisual y servicios digitales han dejado de poder analizarse como compartimentos independientes. Una red de fibra transporta el contenido, una plataforma lo distribuye, un algoritmo decide qué vemos y un influencer puede convertirse, en determinados supuestos, en un prestador sometido a obligaciones propias de la normativa audiovisual. La tecnología ha ido borrando las fronteras tradicionales entre mercados y, como consecuencia lógica, también está obligando a evolucionar a la regulación.
La actividad de la CNMC durante 2025 ilustra muy bien esa transformación. En telecomunicaciones resolvió 22 conflictos entre operadores, principalmente relacionados con ocupaciones irregulares de infraestructura física, acceso e interconexión, y concluyó además seis procedimientos sancionadores que terminaron con multas por un importe conjunto de 1.855.300 euros. Al mismo tiempo continuaron desarrollándose proyectos vinculados a la calidad de los servicios y al test de velocidad de la propia Comisión. Es decir, permanece plenamente viva la regulación clásica de redes, relaciones mayoristas y obligaciones entre operadores, pero alrededor de ella está creciendo otra capa regulatoria cada vez más importante.
Y esa segunda capa aparece con especial claridad en el ámbito audiovisual. Durante 2025 la protección de los menores se convirtió en uno de los focos de supervisión, con actuaciones contra tres plataformas de intercambio de vídeos y un prestador televisivo de contenido pornográfico por no disponer de medidas adecuadas de verificación de edad. Paralelamente, la CNMC continuó supervisando a los llamados Usuarios de Especial Relevancia (UER), es decir, determinados influencers sometidos a la Ley General de Comunicación Audiovisual, abriendo 30 períodos de información previa —28 vinculados a publicidad y dos a calificación por edades— y dos expedientes sancionadores. A ello se suma un informe sobre alfabetización mediática que identifica 580 iniciativas desarrolladas en España entre 2023 y 2025 e incorpora por primera vez expresamente la figura de los influencers.
Me parece una evolución interesante porque demuestra que ser influencer ha dejado de ser, jurídicamente, una actividad situada completamente al margen de los esquemas tradicionales de supervisión audiovisual. Cuando se alcanzan determinadas condiciones legales, la actividad económica desarrollada a través de YouTube, Instagram, TikTok u otras plataformas puede generar obligaciones en materia de publicidad, protección de menores o identificación de contenidos. De hecho, durante 2026 la CNMC ya ha sancionado a varios influencers por incumplimientos relacionados con la identificación de comunicaciones comerciales, medidas de protección de menores y publicidad de medicamentos, confirmando que no estamos ante una regulación puramente teórica.
Todo ello está ocurriendo, además, mientras el mercado de telecomunicaciones continúa transformándose aceleradamente. Los datos del Informe Económico Sectorial de 2025 muestran que más del 90 % de las líneas activas de banda ancha fija ya utilizan fibra, que el apagado del cobre se completó durante el ejercicio y que más de 24,8 millones de líneas móviles se conectaron a redes 5G. Al mismo tiempo, los ingresos minoristas del sector crecieron un 2,2 %, las suscripciones a servicios audiovisuales de pago alcanzaron los 37,9 millones y más de 30 millones correspondían ya a plataformas online. La infraestructura evoluciona, pero también lo hacen los servicios que circulan sobre ella y la forma en que los usuarios consumen información y entretenimiento.
Precisamente por eso creo que estamos entrando en una etapa en la que hablar simplemente de “Derecho de las Telecomunicaciones” puede resultar insuficiente para describir todo lo que ocurre alrededor de una empresa tecnológica. Un operador puede tener que enfrentarse simultáneamente a regulación sectorial, protección de consumidores, privacidad, contratación digital, competencia, contenidos audiovisuales, ciberseguridad o inteligencia artificial. Y una compañía que aparentemente no se considera operador de telecomunicaciones puede descubrir que determinadas actividades digitales la sitúan dentro de otros perímetros regulatorios que inicialmente no había contemplado.
Para los profesionales jurídicos y para las propias empresas esto plantea un reto importante: el cumplimiento normativo empieza a exigir una visión mucho más transversal del negocio. Ya no basta con conocer una norma concreta, porque cada vez con mayor frecuencia una misma actividad se encuentra en la intersección de distintos marcos regulatorios. La publicidad de un influencer puede ser al mismo tiempo una cuestión audiovisual, de consumo y de protección de menores; una plataforma puede verse afectada por regulación audiovisual, protección de datos o servicios digitales; y un operador tradicional puede convertirse también en distribuidor de televisión, agregador de contenidos o proveedor de servicios digitales.
Desde mi punto de vista, esa es probablemente la principal conclusión que puede extraerse del balance publicado por la CNMC. No estamos simplemente ante una relación de expedientes y actuaciones realizadas durante un año, sino ante una fotografía bastante clara de cómo está cambiando el propio concepto de regulación tecnológica. La red sigue siendo importante, pero la regulación ya no termina donde termina la red.
En PrivaZ llevamos años trabajando precisamente en esa intersección entre telecomunicaciones, empresa y regulación, acompañando a operadores y compañías tecnológicas en cuestiones relacionadas con normativa sectorial, relaciones mayoristas, contratación, protección de datos, compliance y Derecho Digital. La evolución que refleja la actividad de la CNMC refuerza una idea que considero cada vez más importante: las empresas digitales necesitan entender el cumplimiento como una parte integrada de su estrategia empresarial y no como una sucesión de obligaciones independientes que se revisan únicamente cuando aparece un problema.
Porque el mercado tecnológico avanza constantemente hacia nuevos servicios, nuevos actores y nuevos modelos de negocio, y la regulación inevitablemente termina siguiendo ese mismo camino. Quien hace veinte años asesoraba sobre interconexión y redes puede encontrarse hoy hablando también de plataformas, algoritmos, streaming o influencers. Y probablemente dentro de otros diez años estaremos discutiendo sobre figuras que todavía ni siquiera hemos definido jurídicamente.
Fuente principal: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “Telecos y audiovisual en 2025: de la telefonía a los influencers”, publicada el 20 de agosto de 2026, y datos complementarios del Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2025.
Publicación original de la CNMC
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