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Centros de datos: la nueva regulación convierte la sostenibilidad y la soberanía digital en requisitos de negocio
Durante años hemos hablado de los centros de datos como una pieza esencial de la transformación digital. Son la infraestructura sobre la que descansan buena parte de los servicios cloud, las aplicaciones empresariales, la inteligencia artificial, la gestión de grandes volúmenes de información y, en definitiva, una parte cada vez mayor de la economía digital. España, además, se ha convertido en un destino especialmente atractivo para este tipo de inversiones por su conectividad, su posición geográfica y la disponibilidad de energía renovable. Precisamente por eso, el debate empieza a cambiar: ya no se trata únicamente de cuántos centros de datos pueden instalarse, sino de bajo qué condiciones deben hacerlo y hasta qué punto su crecimiento puede condicionarse por razones energéticas, medioambientales o de soberanía digital.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que pretende regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. La consulta permanece abierta hasta el 4 de septiembre de 2026 y puede consultarse en la propia sede del MITECO: https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2026/detalle-participacion-publica-k-851.html
La propuesta parte de una realidad difícil de ignorar. El interés por desplegar centros de datos en España ha crecido de forma muy significativa y, según los datos del propio Ministerio, desde finales de 2023 se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso en la red de transporte, mientras que desde 2020 se habrían otorgado alrededor de otros 6 GW en distribución. El problema no está en ese crecimiento, que puede representar una oportunidad económica y tecnológica evidente, sino en que la capacidad eléctrica, los recursos hídricos y las infraestructuras necesarias para soportarlo son limitados. El Gobierno plantea, por tanto, ordenar ese despliegue para priorizar aquellos proyectos que aporten valor económico y tecnológico sin comprometer los objetivos energéticos, ambientales o de soberanía digital.
Y aquí aparece, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más interesantes de la propuesta: un centro de datos deja de ser únicamente una infraestructura tecnológica y pasa a convertirse en una infraestructura regulada desde distintas perspectivas al mismo tiempo. La norma proyectada se aplicaría, con carácter general, a centros de datos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 1 MW, al considerar que a partir de ese umbral su demanda puede tener una incidencia apreciable sobre la capacidad disponible de la red y sobre otros recursos. Para determinadas obligaciones de información y publicidad, el proyecto fija además un umbral de 500 kW de potencia de tecnología de la información.
A partir de ahí, el proyecto combina exigencias que hasta ahora podían analizarse de forma separada. Por un lado, establece requisitos de eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua, vinculándolos a los futuros sistemas europeos de etiquetado y estableciendo transitoriamente valores máximos de PUE y WUE. Por otro, introduce criterios de adicionalidad y correlación horaria con nueva generación renovable, con el objetivo de que una parte muy relevante del consumo eléctrico de estas infraestructuras quede respaldada por nueva generación de origen renovable.
Pero probablemente el elemento que más llama la atención desde una perspectiva jurídica es el relativo a la soberanía digital. La propuesta exige que la entidad operadora esté establecida en la Unión Europea y que determinados datos operativos permanezcan dentro del territorio comunitario, al tiempo que impone obligaciones de control sobre los servicios prestados desde terceros países, la supervisión de subcontratistas y la adopción de medidas frente a solicitudes de acceso o transferencia de datos procedentes de autoridades extranjeras que resulten contrarias al Derecho aplicable. Para los sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, el proyecto va más allá y exige que datos, metadatos, registros, réplicas y copias de seguridad permanezcan dentro de la Unión Europea.
Esto supone un cambio importante porque obliga a analizar el proyecto no solo desde la óptica energética o medioambiental, sino también desde la arquitectura contractual, la gobernanza del dato, la ciberseguridad, la contratación de proveedores y la dependencia tecnológica respecto de terceros países. En otras palabras, la ubicación física del centro de datos deja de ser suficiente para hablar de soberanía digital. También habrá que analizar quién lo opera, dónde se encuentran los datos, quién puede acceder a ellos, qué proveedores intervienen y bajo qué jurisdicción se prestan determinados servicios.
Hay otro aspecto de la propuesta que merece especial atención. El incumplimiento de determinados requisitos no se plantea únicamente como una cuestión sancionadora, sino que puede acabar teniendo consecuencias sobre el acceso a la propia red eléctrica. El proyecto prevé recargos económicos en determinados supuestos de incumplimiento y contempla que, cuando estos sean significativos y reiterados, pueda producirse incluso la pérdida del derecho asociado a los permisos de acceso y conexión.
Eso cambia considerablemente la perspectiva empresarial. Hasta ahora podía existir la tentación de considerar determinados requisitos ambientales, energéticos o regulatorios como obligaciones a resolver una vez tomada la decisión de inversión. Con un marco de estas características, esa lógica empieza a resultar peligrosa. La regulación puede afectar directamente a la disponibilidad de capacidad eléctrica, a la arquitectura tecnológica, a los contratos con proveedores, a la ubicación de los datos o incluso a la viabilidad económica del proyecto. Por eso creo que el análisis jurídico debe incorporarse cada vez antes, cuando todavía se está diseñando el modelo de negocio, seleccionando proveedores, estudiando localizaciones y estructurando la inversión.
La propuesta normativa se encuentra todavía en fase de audiencia e información pública, por lo que las empresas, promotores, operadores tecnológicos, asociaciones sectoriales y demás interesados pueden presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre de 2026. Y esta fase me parece especialmente importante, porque una audiencia pública no debería entenderse únicamente como un trámite formal dentro del procedimiento normativo. Es precisamente el momento en el que quienes conocen de primera mano el funcionamiento del sector pueden identificar problemas prácticos, obligaciones difíciles de cumplir, impactos económicos no suficientemente considerados o alternativas regulatorias que permitan alcanzar los mismos objetivos de una forma más eficiente.
Para una empresa que esté desarrollando actualmente un proyecto de centro de datos, analizar el texto ahora puede ser bastante más útil que esperar a que la regulación sea definitiva. Lo que esta propuesta demuestra, en mi opinión, es una tendencia que veremos cada vez con mayor frecuencia: las grandes infraestructuras digitales están dejando de poder analizarse desde compartimentos jurídicos independientes. Un mismo proyecto puede verse condicionado simultáneamente por regulación energética, protección de datos, ciberseguridad, sostenibilidad, contratación tecnológica, soberanía digital y normativa sectorial, y eso obliga también a cambiar la forma de asesorar a estas empresas.
No basta con revisar un contrato o preparar una política de privacidad de forma aislada. Hay que entender el proyecto completo, identificar cómo interactúan las diferentes obligaciones y anticipar en qué punto una decisión técnica puede terminar generando una consecuencia jurídica o económica relevante.
En PrivaZ podemos acompañar a empresas, promotores, operadores tecnológicos e inversores vinculados al desarrollo de centros de datos en el análisis de este nuevo escenario regulatorio, tanto durante la actual fase de audiencia pública como posteriormente, cuando el marco normativo vaya concretándose. Ese acompañamiento puede abarcar desde el estudio del proyecto de Real Decreto y la preparación de alegaciones hasta la revisión de requisitos de soberanía digital, contratos tecnológicos, modelos de protección de datos, gobernanza de proveedores, compliance o análisis de riesgos regulatorios vinculados al propio diseño de la infraestructura.
Porque, en proyectos de esta dimensión, el coste de detectar tarde una incompatibilidad regulatoria puede ser considerablemente mayor que el coste de haberla identificado desde el principio. La oportunidad que representan los centros de datos para España es evidente, pero también lo es la voluntad del regulador de condicionar su desarrollo a criterios de sostenibilidad, eficiencia y autonomía estratégica. Quien esté estudiando hoy una inversión de este tipo debería asumir, por tanto, que el análisis regulatorio ya forma parte de la propia viabilidad del proyecto.
Si tu empresa está promoviendo, financiando o participando en el desarrollo de un centro de datos, en PrivaZ podemos analizar cómo puede afectarle esta propuesta normativa, preparar alegaciones durante la audiencia pública y ayudarte a anticipar los requisitos regulatorios que pueden condicionar el proyecto antes de que se conviertan en una barrera para la inversión.
Fuente oficial: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Convocatoria oficial: https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2026/detalle-participacion-publica-k-851.html
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